Siguió corriendo hasta perder el aliento. Las piernas ya no le daban más. Había sentido un ligero pinchazo en el muslo, pero el cuerpo caliente aún le permitía avanzar. Hizo acopio de sus fuerzas y, con una embestida descomunal, logró derribar la puerta de una celosía hasta adentrarse en un local que parecía abandonado.
Buscó un palo, un hierro, algún elemento que pudiera servirle para defenderse. No había nada a excepción de un montón de diarios y un balde de color naranja con un trapo de piso del año de la carroza. Intentó calmarse y pensar. Colocó el pie derecho sobre el balde y se asomó por una pequeña ventana que daba hacia la calle.
A esa altura de la noche, la visibilidad era limitada producto de la bruma, y a duras penas se podía divisar hacia el exterior. El silencio parecía haberse adueñado de la soledad de la noche. Juntó coraje y dando unos pasos —que duraron una eternidad— transitó hacia adelante y asomó la cabeza por la portezuela. Ya no había nadie. Intentó buscar con la mirada el cartel de señalización, maldiciendo para sus adentros por la escasa luminosidad. De repente, mientras un calambre le tomaba la pierna, el acelere de un motor la puso en alerta.
Corrió algunos metros y se ocultó detrás del escaparate de un puesto de diarios que tenía una pintada en aerosol. Aterrorizada y —casi sin mirar— se tanteó el cuerpo con las manos sin encontrar un rastro de sangre. ¿Qué estaba pasando? No había robado ni matado a nadie. Tenía que haber un error, de eso estaba segura. Dobló la esquina y una sombra no tardó en cruzarse ante sus ojos. Casi se desploma de un infarto cuando cinco sujetos se acercaron hacia ella, mientras uno de ellos observaba desde un Ford Falcon color verde oliva.
Aquel 24 de Marzo de 1976 se daría inicio a una ola de terror en la historia de nuestro país: “El Proceso de Reorganización Nacional”.
Llegado al poder con el apoyo opositor y la promesa de combatir acciones guerrilleras y a la mismísima “Triple A” de López Rega, el golpe cívico militar comandado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó a la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una de las dictaduras más sangrientas de la historia argentina.
Conocido hoy como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, se recuerda el nefasto y meticuloso plan dirigido a eliminar toda forma de participación popular, sometiendo a la población mediante el terror de estado y el secuestro y asesinato de estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y hombres y mujeres de nuestro país.
Con más de trescientos centros clandestinos de detención y tortura —como la ESMA, el Vesubio, La Mansión Seré, El Garage Olimpo y La Perla, entre otros—, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas —CONADEP— ha constatado más de nueve mil desapariciones, e incluso se han reportado más de treinta mil casos, según denuncias en los organismos de derechos humanos de la Argentina.
También se destaca una pata del gobierno militar que recaía en la figura del economista, abogado y profesor universitario José Alfredo Martínez de Hoz, quien a muy pocos días de iniciar su gestión al frente del Ministerio de Economía recibió del FMI un crédito de 110 millones de dólares para las reservas del banco central, dando comienzo a la importación y a la patria financiera que destruyó la industria nacional.
Con la excusa de tecnificar el estado y tapar agujeros de una mala gestión anterior, el ministro de economía solía decir que un país que no se endeudaba no podía progresar y crecer.
De esta forma la entonces solvente YPF firmaba solicitudes de préstamos en calidad de garante, y el dinero llegaba desde el exterior, para luego perderse.
Una estafa monumental en tiempos de horror, ayudada por empresarios, directores, gerentes y funcionarios públicos que no pertenecían al campo militar pero que también fueron adeptos a la banca externa y a sus propios intereses.
Uno de los casos más emblemáticos durante la dictadura fue la estatización de la deuda privada en un estimado de 14 mil millones de dólares —que sumados a la deuda inicial arrojaban un escandaloso monto de 40 mil millones de dólares— manteniendo al deudor particular el valor del dólar como “seguro de cambio”, cuya suba sería absorbida por el estado argentino.
Con esta premisa, América latina incrementó su deuda externa, desde 1970 a 1980, de 27 mil a 231 mil millones de dólares, con un pago anual de intereses por 18 mil millones de dólares.
Por esta razón el golpe cívico militar suscitado en Argentina no responde solamente a una reacción dictatorial para acallar diferencias partidarias e ideológicas, sino a un vaciamiento económico y a un mecanismo de dominación sanguinario:
El Plan Cóndor, una operación llevada a cabo entre la década del 70’ y el 80’, coordinando operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales en América Latina, sectores de la Iglesia Católica, la CIA, el FMI y —el por entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos— Henry Alfred Kissinger, entre otros.
Acusado por muchos —incluso por el magistrado español Baltasar Garzón mediante una comisión rogatoria, la cual fue rechazada por el Departamento de Estado norteamericano—, Kissinger ha sido objeto de numerosas críticas e iniciativas para conseguir su procesamiento y la quita del Premio Nobel de la Paz, por sus políticas dispuestas en conflictos bélicos y especialmente en las dictaduras de Alí Suharto en Indonesia, y en Chile y Argentina.
Sin ir más lejos, la represión en nuestro país aterró incluso el embajador Robert Hill —quien había aplaudido el golpe como "el más civilizado de la historia"— llegando a disgustarse con Henry Kissinger por no cuestionar las violaciones a los derechos humanos, y alertando al canciller Almirante César Guzetti sobre el recorte de fondos de asistencia si no mejoraban esta situación.
Según los documentos desclasificados que tomaron estado público del Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (The National Security Archive), Kissinger le preguntó a Guzetti por cuánto tiempo se prolongaría la represión, sin mosquearse cuando este afirmó que sería hasta finalizar el año.
Así mismo los archivos incluían memorandos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa sobre la desaparición de personas en Argentina —según los registros publicados— en un aproximado de 15.000 a 22.000 personas —sólo— entre los años 1975 y 1978.
"Si pueden terminar antes que regrese el parlamento, mejor", expresaba Kissinger entre sus manifiestos a la Junta Militar de 1976.
Vaciamiento de las arcas del estado, exilio, apropiación de bienes e inmuebles, investigaciones y adopciones ilegales, secuestro de mujeres embarazadas y niños, tortura, asesinatos, desaparición de personas y una larga lista de violaciones —hoy de público conocimiento—, por las que nadie podría volver a pedir en Argentina y en el mundo otra nueva dictadura.
Amén de algún trasnochado que —iluso ante el resonar de las botas y los cantos de sirena— vomita a los cuatro vientos que esto “fue una guerra”.
Señores que todavía no entendieron nada.
@ErnestoFucile | Año 2011
